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Instituto de Enseñanza o Barra de Baile? El Uso de La Legislación Sobre La Libertad de Información en Argentina

El autor explica su prueba con someter una queja contra un bar ruidoso al otro lado de la calle de su residencia en Buenos Aires. Nada paso. Después, una investigación sobre la licencia de explotación del bar fue presentado abajo la ley del acceso a la información de 1998. La ciudad dijo que el bar era “un instituto de enseñanza, un instituto técnico [o] una academia.” Unos días después de la respuesta de la ciudad, se inició un incendio en otro club de baile, República Cromañón, matando 193 personas. Aprovechando la oportunidad para reforma, el compañero del autor escribió a Clarín. Su carta al editor destaca las implicaciones de seguridad pública de la corrupción y apoya los esfuerzos democráticos para involucrarse en regular la verificación de licencia. La atención mediática subsiguiente provocó la represión de los bares y las regulaciones por el gobierno de la ciudad, pero la historia es un testimonio como las leyes sobre la libertad de información puede ayudar el gobierno ser más efectivo a través de la participación ciudadana.

La Campaña de La Libertad de Información en Argentina

Este artículo se enfoca principalmente en la historia y el proceso de aprobar leyes nacionales. Sin embargo, algunas anécdotas sobre solicitudes de información y su importancia también están incluidas. La primera relata una situación en cual un hospital público cesó de entregar medicina a pacientes de trasplante por razones inexplicadas. Para averiguar, los pacientes usaron las leyes de la libertad de información de la ciudad para demandar un explicación del hospital. Varias solicitudes salieron con evidencia que el hospital tenía capital bajo, dando la información necesaria a los pacientes para obtener su medicina a medias del sistema jurídico. La segunda era una historia de la periodista Sandra Crucianelli, quien estaba involucrada en una solicitud de información en la ciudad de Bahía Blanca sobre la calidad de agua, usando la ley de libertad de información provincial de Buenos Aires (más suave que la de la ciudad). La solicitud fue rechazada como la información era considerada potencialmente perniciosas a empresas locales, que eran sospechadas de contaminar el agua. La tercera era a cerca uno de los grupos ecologistas principales en el país, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que representan un residente del capital preocupado de la construcción de una reserva de lluvia en su barrio. Abajo la ley 104, él mismo podría ver los reportajes sobre el impacto ambiental del proyecto del gobierno municipal, facultando a aprender sobre los impactos a su casa.

Pocos datos sobre Aerolíneas Argentinas

Una empresa estatal y un receptor de dinero estatal, Aerolíneas Argentina (AA) no ofrece un resumen sobre el equilibrio financiero en su sitio. Cuando Chequeado, un sitio argentino de comprobación de los hechos, hizo una solicitud por esa información, fue rechazado. La respuesta de AA era que aunque la información supuestamente era pública, no será publicada. Como resultado, todavía no sabemos donde va el dinero estatal de AA o cuanto es. Tal vez, las finanzas del año anterior, 2010, no están listas, pero los de 2009 también están inaccesibles. Aunque algunos citan la transición y el estado ambiguo de AA como una excusa, AA ha sido administrado por el estado desde 2008. Además, varias empresas en todo el mundo proporcionan esta información en sitios. Esta información es importante para ciudadanos que financian la empresa a medias sus impuestos. Entonces, ellos tienen el derecho a saber cómo el dinero está usado, especialmente en el caso de negocios subsidiados públicamente.

Una empresa pública y Chevron: contrato secreto e investigación presidencial

La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la firma del Presidente Kirchner de un contrato entre YPF, la empresa argentina petrolera, y Chevron a causa de las preocupaciones sobre conflictos de interés y el abuso de poder. Chequeado hizo una solicitud para acceder la información sobre el contrato bajo el Decreto 1172/03. YPF respondió con negar el acceso porque era “una empresa pública” y que “sus valores están en el mercado de capital,” poniéndolo fuera de la jurisdicción del Decreto. Sin embargo, este pretexto ha sido puesta en cuestión dado que la ley se aplica a empresas privadas que reciben fondos públicos, como YPF.

¿Porque no existe un un registro de los regalos a los funcionarios públicos?

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidieron información de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre la regulaciones de regalos a funcionarios públicos. CIPCE y ACIJ preguntaron OA información sobre a) si o no un mecanismo de Registro de Regalos y Beneficios a Funcionarios Públicos ha sido implementada? b) si no, cuáles razones prohibieron la implementación? y c) desde cuando hasta que un mecanismo será implementada? OA respondió el 28 de noviembre y no dio razones específicas por la ausencia de un mecanismo y un calendario de proyecto. El director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA no respondió a la mayoría de preguntas de las ONGs. Específicamente, no hubo una respuesta porque el Artículo 18, en relación con ética pública, no esta aplicada a regalas. Artículo 18, la ley de ética pública, tiene 12 años y todavía no hay un Registro de Regalos y Beneficios.

El poder ejecutivo presenta problemas para las normas del aceso a la información

Este artículo incluye un resumen de solicitudes hechas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2012: 1) La primera series era acera el accidente ferroviario en febrero. ACIJ pidió información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Secretaría de Transportes, Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C., y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Metrovías no has respondido, ni la Secretaría de Transportes, a pesar de pedir una extensión de 10 días. 2) ACIJ pidió información sobre el vicepresidente y la gestión de la empresa Sudamericana, anteriormente Ciccone, y recibió una respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 3) ACIJ recibió ninguna respuesta del Ministerio del Interior y Transporte ni del Ministerio de Planificación Federal sobre las irregularidades en la administración y la supervisión del SUBE.