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Pocos datos sobre Aerolíneas Argentinas

Una empresa estatal y un receptor de dinero estatal, Aerolíneas Argentina (AA) no ofrece un resumen sobre el equilibrio financiero en su sitio. Cuando Chequeado, un sitio argentino de comprobación de los hechos, hizo una solicitud por esa información, fue rechazado. La respuesta de AA era que aunque la información supuestamente era pública, no será publicada. Como resultado, todavía no sabemos donde va el dinero estatal de AA o cuanto es. Tal vez, las finanzas del año anterior, 2010, no están listas, pero los de 2009 también están inaccesibles. Aunque algunos citan la transición y el estado ambiguo de AA como una excusa, AA ha sido administrado por el estado desde 2008. Además, varias empresas en todo el mundo proporcionan esta información en sitios. Esta información es importante para ciudadanos que financian la empresa a medias sus impuestos. Entonces, ellos tienen el derecho a saber cómo el dinero está usado, especialmente en el caso de negocios subsidiados públicamente.

Una empresa pública y Chevron: contrato secreto e investigación presidencial

La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la firma del Presidente Kirchner de un contrato entre YPF, la empresa argentina petrolera, y Chevron a causa de las preocupaciones sobre conflictos de interés y el abuso de poder. Chequeado hizo una solicitud para acceder la información sobre el contrato bajo el Decreto 1172/03. YPF respondió con negar el acceso porque era “una empresa pública” y que “sus valores están en el mercado de capital,” poniéndolo fuera de la jurisdicción del Decreto. Sin embargo, este pretexto ha sido puesta en cuestión dado que la ley se aplica a empresas privadas que reciben fondos públicos, como YPF.

Haciendo los sueldos del Presidente y los Ministros públicos en menos de 24 horas

Una ONG anónima pidió información sobre el Presidente y los sueldos de los funcionarios públicos. La Nación pidió una solicitud similar pidiendo solamente los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Ambas solicitudes fueron negadas a causa de la ley argentina sobre los datos sensibles (25.326). El 20 de febrero de 2014, La Nación publicó esta correspondencia, aumentando la presión al gobierno para liberar los datos. En consecuencia, el Secretario General del Presidente publicó una lista de los 20 sueldos más altos en el gobierno argentino. (http://blogs.lanacion.com.ar/projects/files/2014/04/PlanillaSueldos2012.jpg). El próximo día, esta información se conoció como la primera página, mostrando el poder de los medios para incoar el cambio socio y acción dentro el gobierno con las herramientas correctas.

¿Como el gobierno calcula el índice económico?

El 18 de julio de 2007, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le pidió información al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre su metodología y variables cuando calcularon el índice de precios al consumo. ADC otra vez preguntó sobre los medios legales en el 17 de agosto de 2007, después que INDEC no respondió inicialmente. Entonces INDEC respondió con información limitada, notablemente sin las variables y sin especificar los métodos. En octubre de 2008, una corte decidió a favor de ADC y pidió INDEC de proporcionar la información solicitada. Los datos fueron disponibles públicamente en el sitio de INDEC agosto de 2009. Esta decisión de la corte representa un reconocimiento importante del derecho constitucional de cada persona al acceso de información pública en poder del estado.

Los ONGs piden al congreso información sobre los empleados del gobierno, los presupuestos y las subvenciónes

En 2011, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo, y Poder Ciudadano demandaron información sobre los contratos de trabajo (a tiempo parcial o a tiempo completo), los gastos de la comunidad, y las becas y los subsidios dados los diputados del Congreso y el Senado. En agosto de 2014, ellos, con varias ONGs, otra vez demandaron esta información, indicando que la información no era disponible públicamente en sus sitios. En febrero de 2015, después de recibir ninguna respuesta, los ONGs iniciaron demandas contra el Congreso y el Senado. La Corte Administrativa dio la razón a ADC, ACIJ, Directorio Legislativo and Poder Ciudadano. El Senado tuvo 15 días para responder ahora. La otra información solicitada fue publicada en el sitio del Senado, indicando un triunfo grande para CSO que tratan de aumentar la participación pública.

El Gobierno volvió a negarse a informar el dato oficial de pobreza

Este artículo se enfoca sobre el rechazo del gobierno argentino a proporcionar datos oficiales sobre tasas de pobreza. El último índice oficial de la pobreza fue publicada en 2013, pero fue discontinuada debido a los problemas sobre su metodología que determina los niveles de pobreza. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) declaró que hay casi 6000 maneras de calcular la pobreza, nada fue publicado sobre cómo esto puede ser hecho. Cuando Axel Kicillof, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en Argentina, se pidió porque los datos no fueron publicados, él no abordó el problema pero respondió evasivamente. Tal como, el silencio plantea preguntas sobre como ciudadanos pueden seguir participando en conciencia y acción sobre mejorar el nivel de vida para todos cuando la información sobre su método es ocultada del público.

El gobierno debe contestar los pedidos de información por orden de la justicia

En junio de 2012, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) pidió información del gobierno municipal de Buenos Aires sobre el gasto de propaganda pública en 2011, pero no recibió ninguna respuesta. ADC aboga por una ley con criterios claros, control, y transparencia sobre la publicidad oficial. Un caso judicial estaba fijada por el 22 de noviembre con ADC contra el gobierno de Buenos Aires donde ADC destacó la necesidad por una ley de libertad de información más fuerte.

El aceso a la información: solicitudes sin repuestas

El equipo de datos de La Nación pidió por una copia física del sueldo presidencial el 7 de febrero de 2013. En enero de 2014, ellos pidieron por los sueldos de los oficiales primarios del Poder Ejecutivo; que debían ser proporcionados tras la solicitud. La copia física nunca fue realizada con éxito. En diciembre de 2012, el equipo pidió información sobre los viajes de Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio Interior de 2005 a 2013. La solicitud se dejó sola sin una respuesta por 762 días. En 2013, el equipo pidió información sobre una resolución relativa de la La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): número 1173/2012. El 6 de septiembre de 2013, Oscar Deina, el Director Ejecutivo de ACUMAR, dijo que la ley no fue regulada por la agencia. 293 días después, la agencia mandó el texto de la resolución. Enlaces y documentos a las solicitudes fueron disponibles en el artículo.

La brecha de implementación del aceso a la información en Argentina

Es un reportaje sobre las solicitudes de información pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) a 14 empresas estatales o empresas públicas (con 10% o más propiedad estatal) entre junio y julio de 2013. Ambos, estas 14 empresas representan 85% del presupuesto nacional asignado a empresas públicas. 9 empresas respondieron a las solicitudes y 5 no respondieron. 4 mandaron 10% o menos de la información pedida; 2 mandaron 25%; 3 mandaron ~65%. Las empresas que no respondieron adecuadamente porque “(i) la protección de secreto comercial; (ii) [estar] fuera del sector público nacional, entonces ellos no están afectados por el decreto 1172/2003; (iii) la información pedida exige el concepto de información en el decreto; (iv) la información es confidencial, […] (v) las balanzas comerciales de los últimos tres años no fueron aprobadas, entonces es imposible mandar información sobre los estados financieros.” Estas solicitudes cuestionan el problema de la privacidad como un vacío en leyes de información pública y subrayan la necesidad por una legislación más estricta.

¿Cuanto pagó el estado para los abogados que los representáron en la Haya?

En noviembre de 2007, el periodista de Clarín Pablo Abiad, apoyado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), demandó información sobre cuánto el estado paga los abogados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa de pasta de papel del río Uruguay. La información fue publicada en cuanto Clarín anunció un artículo el 4 de noviembre titulado “Honorarios en La Haya, Un Secreto del Estado.” El siguiente día, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió la Resolución 2363, que declaró que proporcionar la información pedida no pone en peligro la posición argentina en CIJ.