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Pocos datos sobre Aerolíneas Argentinas

Una empresa estatal y un receptor de dinero estatal, Aerolíneas Argentina (AA) no ofrece un resumen sobre el equilibrio financiero en su sitio. Cuando Chequeado, un sitio argentino de comprobación de los hechos, hizo una solicitud por esa información, fue rechazado. La respuesta de AA era que aunque la información supuestamente era pública, no será publicada. Como resultado, todavía no sabemos donde va el dinero estatal de AA o cuanto es. Tal vez, las finanzas del año anterior, 2010, no están listas, pero los de 2009 también están inaccesibles. Aunque algunos citan la transición y el estado ambiguo de AA como una excusa, AA ha sido administrado por el estado desde 2008. Además, varias empresas en todo el mundo proporcionan esta información en sitios. Esta información es importante para ciudadanos que financian la empresa a medias sus impuestos. Entonces, ellos tienen el derecho a saber cómo el dinero está usado, especialmente en el caso de negocios subsidiados públicamente.

Una empresa pública y Chevron: contrato secreto e investigación presidencial

La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la firma del Presidente Kirchner de un contrato entre YPF, la empresa argentina petrolera, y Chevron a causa de las preocupaciones sobre conflictos de interés y el abuso de poder. Chequeado hizo una solicitud para acceder la información sobre el contrato bajo el Decreto 1172/03. YPF respondió con negar el acceso porque era “una empresa pública” y que “sus valores están en el mercado de capital,” poniéndolo fuera de la jurisdicción del Decreto. Sin embargo, este pretexto ha sido puesta en cuestión dado que la ley se aplica a empresas privadas que reciben fondos públicos, como YPF.

Los datos personales y los contratos de televisión: financiados con fondos públicos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) demandó acceso a contratos con la productora “Pensado para Televisión.” En diciembre de 2012, una periodista Mariel Fitz Patrick le pregunto a la Jefatura de Gabinete de Ministros por una copia de los contratos de 2010, 2011, y 2012 entre la productora y Radio y Televisión Argentina SE, la empresa pública que administra los medios estatales y nacionales, y fue rechazada. La Jefatura respondió que ella tendrá que demostrar un interés legítimo para tener acceso. Además, el acceso a los contratos fue rechazado porque tenían “información sensible.” La situación es indicativa de los vacíos en el proceso de respuestas a solicitudes, alrededor la privacidad supuesta de cierta información incluso cuando involucra la financiación pública, y el interés en el resultado de la solicitud, que en muchos casos no se limitan al individual.

Pedido de información por la tragedia de ferrocarril en 2012

En agosto de 2012, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo una solicitud para acceder información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y del Secretario de Transportes para aprender más sobre las funciones y las responsabilidades de estas organizaciones, siguiendo el accidente ferroviario en Sarmiento el 22 de febrero de 2012. ADIF respondió a la solicitud de ACIJ diciendo que no tiene la jurisdicción sobre la línea ferroviaria en cuestión. CNRT respondió que la solicitud de ACIJ sobre las responsabilidades de transportación con un reporte detallando sanciones económicas y tarifas de CNRT a TBA, un concesionario relacionado con las líneas Sarmiento y Mitre. En respuesta a la pregunta de ACIJ, “CNRT tuvo cualquier reportaje sobre los riesgos de TBA y la manera que corría su servicio?”, CNRT declaró que la agencia se limitaba a inspecciones, reportajes, y multas, pero no mandó cualquier reportaje demostrando si este era el caso. Entonces, ACIJ mandó una solicitud nueva de información para verificar la respuesta que fue proporcionada. Las solicitudes demuestran las maneras en cual revelaciones de leyes de libertad de información pueden informar mejor resultados de seguridad pública.

La brecha de implementación del aceso a la información en Argentina

Es un reportaje sobre las solicitudes de información pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) a 14 empresas estatales o empresas públicas (con 10% o más propiedad estatal) entre junio y julio de 2013. Ambos, estas 14 empresas representan 85% del presupuesto nacional asignado a empresas públicas. 9 empresas respondieron a las solicitudes y 5 no respondieron. 4 mandaron 10% o menos de la información pedida; 2 mandaron 25%; 3 mandaron ~65%. Las empresas que no respondieron adecuadamente porque “(i) la protección de secreto comercial; (ii) [estar] fuera del sector público nacional, entonces ellos no están afectados por el decreto 1172/2003; (iii) la información pedida exige el concepto de información en el decreto; (iv) la información es confidencial, […] (v) las balanzas comerciales de los últimos tres años no fueron aprobadas, entonces es imposible mandar información sobre los estados financieros.” Estas solicitudes cuestionan el problema de la privacidad como un vacío en leyes de información pública y subrayan la necesidad por una legislación más estricta.