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¿Kirchner no tiene título de abogada?

Ha habido mucha confusión acerca de la licenciatura en derecho del Presidente y si ella lo tiene o no. Chequeado ha hecho una solicitud para recibir una copia abajo el Decreto 1172/03. El 5 de diciembre de 2014, Chequeado recibió una respuesta del Secretario General de la Presidencia fechada el 25 de noviembre declarando que una copia no puede ser otorgada porque contiene “información personal” (Ley 25.326). Esta misma ley fue citada por el Ministerio de Desarrollo Social al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre la información de beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, esa solicitud involucro información de ciudadanos privados, mientras la posición del Presidente no es cubierta por las mismas protecciones.

Los planes sociales no deben ser un secreto

Este artículo se enfoca en situaciones en cual el gobierno negó solicitudes de información que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) pidió, principalmente pidiendo una lista de nombres y números de identificación de destinatarios de planes sociales porque hay una violación de privacidad. El artículo critica la transparencia de Argentina y el acceso a leyes de información, como medios legales y actuales en adquirir información son rechazados a menudo, resultando en respuestas incompletas que citan privacidad y “información personal” como excusas. Estas anécdotas son indicativas de leyes llenas de vacíos y crean impulsos alrededor aumentar el poder de la legislación de información pública.

Los datos personales y los contratos de televisión: financiados con fondos públicos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) demandó acceso a contratos con la productora “Pensado para Televisión.” En diciembre de 2012, una periodista Mariel Fitz Patrick le pregunto a la Jefatura de Gabinete de Ministros por una copia de los contratos de 2010, 2011, y 2012 entre la productora y Radio y Televisión Argentina SE, la empresa pública que administra los medios estatales y nacionales, y fue rechazada. La Jefatura respondió que ella tendrá que demostrar un interés legítimo para tener acceso. Además, el acceso a los contratos fue rechazado porque tenían “información sensible.” La situación es indicativa de los vacíos en el proceso de respuestas a solicitudes, alrededor la privacidad supuesta de cierta información incluso cuando involucra la financiación pública, y el interés en el resultado de la solicitud, que en muchos casos no se limitan al individual.

La brecha de implementación del aceso a la información en Argentina

Es un reportaje sobre las solicitudes de información pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) a 14 empresas estatales o empresas públicas (con 10% o más propiedad estatal) entre junio y julio de 2013. Ambos, estas 14 empresas representan 85% del presupuesto nacional asignado a empresas públicas. 9 empresas respondieron a las solicitudes y 5 no respondieron. 4 mandaron 10% o menos de la información pedida; 2 mandaron 25%; 3 mandaron ~65%. Las empresas que no respondieron adecuadamente porque “(i) la protección de secreto comercial; (ii) [estar] fuera del sector público nacional, entonces ellos no están afectados por el decreto 1172/2003; (iii) la información pedida exige el concepto de información en el decreto; (iv) la información es confidencial, […] (v) las balanzas comerciales de los últimos tres años no fueron aprobadas, entonces es imposible mandar información sobre los estados financieros.” Estas solicitudes cuestionan el problema de la privacidad como un vacío en leyes de información pública y subrayan la necesidad por una legislación más estricta.