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Instituto de Enseñanza o Barra de Baile? El Uso de La Legislación Sobre La Libertad de Información en Argentina

El autor explica su prueba con someter una queja contra un bar ruidoso al otro lado de la calle de su residencia en Buenos Aires. Nada paso. Después, una investigación sobre la licencia de explotación del bar fue presentado abajo la ley del acceso a la información de 1998. La ciudad dijo que el bar era “un instituto de enseñanza, un instituto técnico [o] una academia.” Unos días después de la respuesta de la ciudad, se inició un incendio en otro club de baile, República Cromañón, matando 193 personas. Aprovechando la oportunidad para reforma, el compañero del autor escribió a Clarín. Su carta al editor destaca las implicaciones de seguridad pública de la corrupción y apoya los esfuerzos democráticos para involucrarse en regular la verificación de licencia. La atención mediática subsiguiente provocó la represión de los bares y las regulaciones por el gobierno de la ciudad, pero la historia es un testimonio como las leyes sobre la libertad de información puede ayudar el gobierno ser más efectivo a través de la participación ciudadana.

La Campaña de La Libertad de Información en Argentina

Este artículo se enfoca principalmente en la historia y el proceso de aprobar leyes nacionales. Sin embargo, algunas anécdotas sobre solicitudes de información y su importancia también están incluidas. La primera relata una situación en cual un hospital público cesó de entregar medicina a pacientes de trasplante por razones inexplicadas. Para averiguar, los pacientes usaron las leyes de la libertad de información de la ciudad para demandar un explicación del hospital. Varias solicitudes salieron con evidencia que el hospital tenía capital bajo, dando la información necesaria a los pacientes para obtener su medicina a medias del sistema jurídico. La segunda era una historia de la periodista Sandra Crucianelli, quien estaba involucrada en una solicitud de información en la ciudad de Bahía Blanca sobre la calidad de agua, usando la ley de libertad de información provincial de Buenos Aires (más suave que la de la ciudad). La solicitud fue rechazada como la información era considerada potencialmente perniciosas a empresas locales, que eran sospechadas de contaminar el agua. La tercera era a cerca uno de los grupos ecologistas principales en el país, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que representan un residente del capital preocupado de la construcción de una reserva de lluvia en su barrio. Abajo la ley 104, él mismo podría ver los reportajes sobre el impacto ambiental del proyecto del gobierno municipal, facultando a aprender sobre los impactos a su casa.

Pocos datos sobre Aerolíneas Argentinas

Una empresa estatal y un receptor de dinero estatal, Aerolíneas Argentina (AA) no ofrece un resumen sobre el equilibrio financiero en su sitio. Cuando Chequeado, un sitio argentino de comprobación de los hechos, hizo una solicitud por esa información, fue rechazado. La respuesta de AA era que aunque la información supuestamente era pública, no será publicada. Como resultado, todavía no sabemos donde va el dinero estatal de AA o cuanto es. Tal vez, las finanzas del año anterior, 2010, no están listas, pero los de 2009 también están inaccesibles. Aunque algunos citan la transición y el estado ambiguo de AA como una excusa, AA ha sido administrado por el estado desde 2008. Además, varias empresas en todo el mundo proporcionan esta información en sitios. Esta información es importante para ciudadanos que financian la empresa a medias sus impuestos. Entonces, ellos tienen el derecho a saber cómo el dinero está usado, especialmente en el caso de negocios subsidiados públicamente.

Las respuestas a los pedidos de acceso por la base china en Neuquén

En 2012, China firmó dos acuerdos de cooperación con Argentina – una con Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otra con la provincia de Neuquén – por la construcción de una estación espacial para “apoyar actividades tales como la exploración interplanetaria, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos.” El acuerdo estipula que el arrendamiento y el uso de China sobre esta estación espacial será por 50 año en cambio para el acceso limitado de CONAE. El Senado dio una aprobación preliminar al proyecto de ley que apoyó el proyecto espacial, que será finalizado en 2016. Chequeado pidió acceso a este acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Porque hay críticas y sospechas sobre la razón por la estación espacial, posiblemente en relación a uso militar, esta información se juzgó importante al interés público. En órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, CONAE respondió con publicar la copia del acuerdo, completa con con todas clausulas y todos anexos, aquí: http://www.scribd.com/doc/256407065/Acuerdo-Argentina-China. Según este documento, no hay cláusulas en relación a usos ambiguos de la estación.

Una empresa pública y Chevron: contrato secreto e investigación presidencial

La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la firma del Presidente Kirchner de un contrato entre YPF, la empresa argentina petrolera, y Chevron a causa de las preocupaciones sobre conflictos de interés y el abuso de poder. Chequeado hizo una solicitud para acceder la información sobre el contrato bajo el Decreto 1172/03. YPF respondió con negar el acceso porque era “una empresa pública” y que “sus valores están en el mercado de capital,” poniéndolo fuera de la jurisdicción del Decreto. Sin embargo, este pretexto ha sido puesta en cuestión dado que la ley se aplica a empresas privadas que reciben fondos públicos, como YPF.

¿Kirchner no tiene título de abogada?

Ha habido mucha confusión acerca de la licenciatura en derecho del Presidente y si ella lo tiene o no. Chequeado ha hecho una solicitud para recibir una copia abajo el Decreto 1172/03. El 5 de diciembre de 2014, Chequeado recibió una respuesta del Secretario General de la Presidencia fechada el 25 de noviembre declarando que una copia no puede ser otorgada porque contiene “información personal” (Ley 25.326). Esta misma ley fue citada por el Ministerio de Desarrollo Social al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre la información de beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, esa solicitud involucro información de ciudadanos privados, mientras la posición del Presidente no es cubierta por las mismas protecciones.

Solicitudes de información para las comunicaciones entre el gabinete y el departamento de seguridad nacional

El 20 de diciembre de 2013, Chequeado, con La Voz Interior de Córdoba, un periódico, hizo una solicitud de comunicación entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Seguridad Interior durante las protestas en la provincia el 3-4 de diciembre para confirmar si o no el gobierno provincial solicitaron ayuda del gobierno nacional. La Voz había solicitado previamente la misma información del Ministerio provincial de la Comunicación y El Desarrollo. Les mandaron a La Voz respuestas detallando los intentos de comunicación entre los oficiales durante las protestas, ayudando los periodistas descubrir como la Ley de Seguridad Interior 24.059 – la ley que permite tales solicitudes para ayuda – fue usada entre el caos.

Haciendo los sueldos del Presidente y los Ministros públicos en menos de 24 horas

Una ONG anónima pidió información sobre el Presidente y los sueldos de los funcionarios públicos. La Nación pidió una solicitud similar pidiendo solamente los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Ambas solicitudes fueron negadas a causa de la ley argentina sobre los datos sensibles (25.326). El 20 de febrero de 2014, La Nación publicó esta correspondencia, aumentando la presión al gobierno para liberar los datos. En consecuencia, el Secretario General del Presidente publicó una lista de los 20 sueldos más altos en el gobierno argentino. (http://blogs.lanacion.com.ar/projects/files/2014/04/PlanillaSueldos2012.jpg). El próximo día, esta información se conoció como la primera página, mostrando el poder de los medios para incoar el cambio socio y acción dentro el gobierno con las herramientas correctas.

Acceso al aborto legal y a la anticoncepción: pedido de informes al Ministro de Salud de Mendoza

Este artículo es sobre una solicitud reciente de información en nombre de varias organizaciones y Amnistía Internacional al Ministro de Salud en Mendoza. La solicitud pide el acceso a los datos sobre la contracepción, el aborto legal, y la salud total de las mujeres, los adolescentes, y los niños en toda la provincia. Las consultas sobre la salud fueron provocadas por César Mosso Gianini, asesor al gobierno de Mendoza, quien publicó unas opiniones sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad del aborto. El acceso a tal información puede ser útil en determinar si los funcionarios públicos están siguiendo la ley o están dejando sus opiniones personales influir sus acciones juradas.

Solicitudes de información de las provincias Argentinas sobre el aceso al aborto

Es un artículo y unos reportajes sobre las solicitudes de información de las provincias sobre el acceso al aborto. Muchas provincias no reciben alguna respuesta del Ministerio de Salud. En octubre de 2012 y febrero en 2013, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hizo solicitudes a las provincias sobre el Programa de Salud Sexual y Responsabilidad y no recibieron una respuesta. Para abril de 2013, solamente las provincias de Buenos Aires, Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, Santa Cruz, y CABA (9 en total) respondieron. Finalmente, ADC contacto los Programas de Salud Sexual en estas provincias a través de email y teléfono entre septiembre y octubre de 2013. Las cartas enviadas de ADC a las provincias en septiembre de 2013 también no fueron reconocidas. En septiembre de 2014, ADC hizo otras solicitudes al Ministerio de Salud Pública a cada provincia – otra vez en vano. En febrero de 2015, ADC le pidió a los ministerios mismos, que respondieron que ellos recibieron una notificación judicial el mes anterior que los proveedores de salud deberían evitar impedimentos legales para completar procedimientos de aborto sin demora. Nos datos fueron recibidos de las provincias numerosas, que es en mayor detalle en el reportaje – pero el medio de las agencias sobre datos abiertos es evidente.