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Acceso al aborto legal y a la anticoncepción: pedido de informes al Ministro de Salud de Mendoza

Este artículo es sobre una solicitud reciente de información en nombre de varias organizaciones y Amnistía Internacional al Ministro de Salud en Mendoza. La solicitud pide el acceso a los datos sobre la contracepción, el aborto legal, y la salud total de las mujeres, los adolescentes, y los niños en toda la provincia. Las consultas sobre la salud fueron provocadas por César Mosso Gianini, asesor al gobierno de Mendoza, quien publicó unas opiniones sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad del aborto. El acceso a tal información puede ser útil en determinar si los funcionarios públicos están siguiendo la ley o están dejando sus opiniones personales influir sus acciones juradas.

El Gobierno volvió a negarse a informar el dato oficial de pobreza

Este artículo se enfoca sobre el rechazo del gobierno argentino a proporcionar datos oficiales sobre tasas de pobreza. El último índice oficial de la pobreza fue publicada en 2013, pero fue discontinuada debido a los problemas sobre su metodología que determina los niveles de pobreza. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) declaró que hay casi 6000 maneras de calcular la pobreza, nada fue publicado sobre cómo esto puede ser hecho. Cuando Axel Kicillof, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en Argentina, se pidió porque los datos no fueron publicados, él no abordó el problema pero respondió evasivamente. Tal como, el silencio plantea preguntas sobre como ciudadanos pueden seguir participando en conciencia y acción sobre mejorar el nivel de vida para todos cuando la información sobre su método es ocultada del público.

El aceso a la información: solicitudes sin repuestas

El equipo de datos de La Nación pidió por una copia física del sueldo presidencial el 7 de febrero de 2013. En enero de 2014, ellos pidieron por los sueldos de los oficiales primarios del Poder Ejecutivo; que debían ser proporcionados tras la solicitud. La copia física nunca fue realizada con éxito. En diciembre de 2012, el equipo pidió información sobre los viajes de Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio Interior de 2005 a 2013. La solicitud se dejó sola sin una respuesta por 762 días. En 2013, el equipo pidió información sobre una resolución relativa de la La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): número 1173/2012. El 6 de septiembre de 2013, Oscar Deina, el Director Ejecutivo de ACUMAR, dijo que la ley no fue regulada por la agencia. 293 días después, la agencia mandó el texto de la resolución. Enlaces y documentos a las solicitudes fueron disponibles en el artículo.

El derecho de acceso a la información en Argentina, un mapa

Aunque no es una solicitud de información, el sitio cita las leyes de libertad de información de Argentina a nivel nacional, provincial, y local. Lo siguiente sirve como un recurso útil para gente interesada en como leyes son diferentes en jurisdicción y pueden ayudar en la creación de leyes de gran alcance y nivel.

El gobierno debe contestar los pedidos de información por orden de la justicia

En junio de 2012, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) pidió información del gobierno municipal de Buenos Aires sobre el gasto de propaganda pública en 2011, pero no recibió ninguna respuesta. ADC aboga por una ley con criterios claros, control, y transparencia sobre la publicidad oficial. Un caso judicial estaba fijada por el 22 de noviembre con ADC contra el gobierno de Buenos Aires donde ADC destacó la necesidad por una ley de libertad de información más fuerte.

El poder ejecutivo presenta problemas para las normas del aceso a la información

Este artículo incluye un resumen de solicitudes hechas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2012: 1) La primera series era acera el accidente ferroviario en febrero. ACIJ pidió información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Secretaría de Transportes, Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C., y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Metrovías no has respondido, ni la Secretaría de Transportes, a pesar de pedir una extensión de 10 días. 2) ACIJ pidió información sobre el vicepresidente y la gestión de la empresa Sudamericana, anteriormente Ciccone, y recibió una respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 3) ACIJ recibió ninguna respuesta del Ministerio del Interior y Transporte ni del Ministerio de Planificación Federal sobre las irregularidades en la administración y la supervisión del SUBE.

Fragmentos de Luz: La Libertad de Información en Argentina

El 26 de marzo en 2014, la Corte Suprema decidió que el gobierno debe liberar la información relacionada con los programas administrados por el ministerio de desarrollo social, incluyendo las listas de beneficiarios. Las solicitudes por esta información han sido rechazadas porque tal información afecta grupos vulnerables. El centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un grupo argentino de estudios, tuvo su solicitud de 2007 rechazada. Cuando CIPPEC pidió información financiera similar de 14 empresas estatales, solamente tres mando más de medio de la información pedida. En una acción similar, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hizo 49 solicitudes a varios departamentos gubernamentales, cuales 47% fueron respondidas satisfactoriamente. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pretendió investigar el poder del decreto ejecutivo y presentó 44 solicitudes de información entre enero de 2012 y 2013: 14 no fueron respondidas, 14 fueron respondidas después de 10 días, y 16 fueron respondidas a tiempo. Sobre la calidad de las respuestas, solamente 12 fueron respondidas completamente y adecuadamente como es declarado en el decreto. Los reportajes sobre las respuestas insuficientes a las solicitudes de información son rampantes y quizás hacen el caso para consecuencias más fuerte en el caso de respuestas inferiores.

Haciendo los sueldos del Presidente y los Ministros públicos en menos de 24 horas

Una ONG anónima pidió información sobre el Presidente y los sueldos de los funcionarios públicos. La Nación pidió una solicitud similar pidiendo solamente los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Ambas solicitudes fueron negadas a causa de la ley argentina sobre los datos sensibles (25.326). El 20 de febrero de 2014, La Nación publicó esta correspondencia, aumentando la presión al gobierno para liberar los datos. En consecuencia, el Secretario General del Presidente publicó una lista de los 20 sueldos más altos en el gobierno argentino. (http://blogs.lanacion.com.ar/projects/files/2014/04/PlanillaSueldos2012.jpg). El próximo día, esta información se conoció como la primera página, mostrando el poder de los medios para incoar el cambio socio y acción dentro el gobierno con las herramientas correctas.

Instituto de Enseñanza o Barra de Baile? El Uso de La Legislación Sobre La Libertad de Información en Argentina

El autor explica su prueba con someter una queja contra un bar ruidoso al otro lado de la calle de su residencia en Buenos Aires. Nada paso. Después, una investigación sobre la licencia de explotación del bar fue presentado abajo la ley del acceso a la información de 1998. La ciudad dijo que el bar era “un instituto de enseñanza, un instituto técnico [o] una academia.” Unos días después de la respuesta de la ciudad, se inició un incendio en otro club de baile, República Cromañón, matando 193 personas. Aprovechando la oportunidad para reforma, el compañero del autor escribió a Clarín. Su carta al editor destaca las implicaciones de seguridad pública de la corrupción y apoya los esfuerzos democráticos para involucrarse en regular la verificación de licencia. La atención mediática subsiguiente provocó la represión de los bares y las regulaciones por el gobierno de la ciudad, pero la historia es un testimonio como las leyes sobre la libertad de información puede ayudar el gobierno ser más efectivo a través de la participación ciudadana.

La Campaña de La Libertad de Información en Argentina

Este artículo se enfoca principalmente en la historia y el proceso de aprobar leyes nacionales. Sin embargo, algunas anécdotas sobre solicitudes de información y su importancia también están incluidas. La primera relata una situación en cual un hospital público cesó de entregar medicina a pacientes de trasplante por razones inexplicadas. Para averiguar, los pacientes usaron las leyes de la libertad de información de la ciudad para demandar un explicación del hospital. Varias solicitudes salieron con evidencia que el hospital tenía capital bajo, dando la información necesaria a los pacientes para obtener su medicina a medias del sistema jurídico. La segunda era una historia de la periodista Sandra Crucianelli, quien estaba involucrada en una solicitud de información en la ciudad de Bahía Blanca sobre la calidad de agua, usando la ley de libertad de información provincial de Buenos Aires (más suave que la de la ciudad). La solicitud fue rechazada como la información era considerada potencialmente perniciosas a empresas locales, que eran sospechadas de contaminar el agua. La tercera era a cerca uno de los grupos ecologistas principales en el país, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que representan un residente del capital preocupado de la construcción de una reserva de lluvia en su barrio. Abajo la ley 104, él mismo podría ver los reportajes sobre el impacto ambiental del proyecto del gobierno municipal, facultando a aprender sobre los impactos a su casa.