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¿Como el gobierno calcula el índice económico?

El 18 de julio de 2007, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le pidió información al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre su metodología y variables cuando calcularon el índice de precios al consumo. ADC otra vez preguntó sobre los medios legales en el 17 de agosto de 2007, después que INDEC no respondió inicialmente. Entonces INDEC respondió con información limitada, notablemente sin las variables y sin especificar los métodos. En octubre de 2008, una corte decidió a favor de ADC y pidió INDEC de proporcionar la información solicitada. Los datos fueron disponibles públicamente en el sitio de INDEC agosto de 2009. Esta decisión de la corte representa un reconocimiento importante del derecho constitucional de cada persona al acceso de información pública en poder del estado.

Los ONGs piden al congreso información sobre los empleados del gobierno, los presupuestos y las subvenciónes

En 2011, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo, y Poder Ciudadano demandaron información sobre los contratos de trabajo (a tiempo parcial o a tiempo completo), los gastos de la comunidad, y las becas y los subsidios dados los diputados del Congreso y el Senado. En agosto de 2014, ellos, con varias ONGs, otra vez demandaron esta información, indicando que la información no era disponible públicamente en sus sitios. En febrero de 2015, después de recibir ninguna respuesta, los ONGs iniciaron demandas contra el Congreso y el Senado. La Corte Administrativa dio la razón a ADC, ACIJ, Directorio Legislativo and Poder Ciudadano. El Senado tuvo 15 días para responder ahora. La otra información solicitada fue publicada en el sitio del Senado, indicando un triunfo grande para CSO que tratan de aumentar la participación pública.

La justicia obliga a la dirección de datos personales a dar información sobre su funcionamiento

En 2013, Manuel Garrido, un diputado argentino, pidió información de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) sobre el nombramiento del director del departamento, pero fue inicialmente negado porque se argumentó que los diputados renuncian sus derechos a tales solicitudes un vez en la oficina. La Corte Suprema dio la razón a Garrido, patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Esto solidificó el hecho que estar en ciertas posiciones de emplea no limita tu habilidad para hacer solicitaciones de información.

La corte bonaerense obliga a informar los días sin clases de alumnos secundarios

Como un resultado de los esfuerzos de Asociación por los Derechos Civiles (ADC) comenzados en 2007, la Corte Suprema ordenó que el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires publique la información sobre cuántos días no hay clases a causa de la ausencia de maestros, principalmente en 36 escuelas. El Director General tiene 15 días para responder. La solicitud es otro ejemplo como las leyes por la libertad de la información le dan herramientas a ciudadanos para evaluar como impuestos están usados, especialmente relacionado con el bienestar de ellos y sus hijos.

El derecho de acceso a la información en Argentina, un mapa

Aunque no es una solicitud de información, el sitio cita las leyes de libertad de información de Argentina a nivel nacional, provincial, y local. Lo siguiente sirve como un recurso útil para gente interesada en como leyes son diferentes en jurisdicción y pueden ayudar en la creación de leyes de gran alcance y nivel.

El Gobierno volvió a negarse a informar el dato oficial de pobreza

Este artículo se enfoca sobre el rechazo del gobierno argentino a proporcionar datos oficiales sobre tasas de pobreza. El último índice oficial de la pobreza fue publicada en 2013, pero fue discontinuada debido a los problemas sobre su metodología que determina los niveles de pobreza. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) declaró que hay casi 6000 maneras de calcular la pobreza, nada fue publicado sobre cómo esto puede ser hecho. Cuando Axel Kicillof, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en Argentina, se pidió porque los datos no fueron publicados, él no abordó el problema pero respondió evasivamente. Tal como, el silencio plantea preguntas sobre como ciudadanos pueden seguir participando en conciencia y acción sobre mejorar el nivel de vida para todos cuando la información sobre su método es ocultada del público.

Los planes sociales no deben ser un secreto

Este artículo se enfoca en situaciones en cual el gobierno negó solicitudes de información que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) pidió, principalmente pidiendo una lista de nombres y números de identificación de destinatarios de planes sociales porque hay una violación de privacidad. El artículo critica la transparencia de Argentina y el acceso a leyes de información, como medios legales y actuales en adquirir información son rechazados a menudo, resultando en respuestas incompletas que citan privacidad y “información personal” como excusas. Estas anécdotas son indicativas de leyes llenas de vacíos y crean impulsos alrededor aumentar el poder de la legislación de información pública.

Fragmentos de Luz: La Libertad de Información en Argentina

El 26 de marzo en 2014, la Corte Suprema decidió que el gobierno debe liberar la información relacionada con los programas administrados por el ministerio de desarrollo social, incluyendo las listas de beneficiarios. Las solicitudes por esta información han sido rechazadas porque tal información afecta grupos vulnerables. El centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un grupo argentino de estudios, tuvo su solicitud de 2007 rechazada. Cuando CIPPEC pidió información financiera similar de 14 empresas estatales, solamente tres mando más de medio de la información pedida. En una acción similar, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hizo 49 solicitudes a varios departamentos gubernamentales, cuales 47% fueron respondidas satisfactoriamente. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pretendió investigar el poder del decreto ejecutivo y presentó 44 solicitudes de información entre enero de 2012 y 2013: 14 no fueron respondidas, 14 fueron respondidas después de 10 días, y 16 fueron respondidas a tiempo. Sobre la calidad de las respuestas, solamente 12 fueron respondidas completamente y adecuadamente como es declarado en el decreto. Los reportajes sobre las respuestas insuficientes a las solicitudes de información son rampantes y quizás hacen el caso para consecuencias más fuerte en el caso de respuestas inferiores.

Los datos personales y los contratos de televisión: financiados con fondos públicos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) demandó acceso a contratos con la productora “Pensado para Televisión.” En diciembre de 2012, una periodista Mariel Fitz Patrick le pregunto a la Jefatura de Gabinete de Ministros por una copia de los contratos de 2010, 2011, y 2012 entre la productora y Radio y Televisión Argentina SE, la empresa pública que administra los medios estatales y nacionales, y fue rechazada. La Jefatura respondió que ella tendrá que demostrar un interés legítimo para tener acceso. Además, el acceso a los contratos fue rechazado porque tenían “información sensible.” La situación es indicativa de los vacíos en el proceso de respuestas a solicitudes, alrededor la privacidad supuesta de cierta información incluso cuando involucra la financiación pública, y el interés en el resultado de la solicitud, que en muchos casos no se limitan al individual.

Pedido de información por la tragedia de ferrocarril en 2012

En agosto de 2012, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo una solicitud para acceder información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y del Secretario de Transportes para aprender más sobre las funciones y las responsabilidades de estas organizaciones, siguiendo el accidente ferroviario en Sarmiento el 22 de febrero de 2012. ADIF respondió a la solicitud de ACIJ diciendo que no tiene la jurisdicción sobre la línea ferroviaria en cuestión. CNRT respondió que la solicitud de ACIJ sobre las responsabilidades de transportación con un reporte detallando sanciones económicas y tarifas de CNRT a TBA, un concesionario relacionado con las líneas Sarmiento y Mitre. En respuesta a la pregunta de ACIJ, “CNRT tuvo cualquier reportaje sobre los riesgos de TBA y la manera que corría su servicio?”, CNRT declaró que la agencia se limitaba a inspecciones, reportajes, y multas, pero no mandó cualquier reportaje demostrando si este era el caso. Entonces, ACIJ mandó una solicitud nueva de información para verificar la respuesta que fue proporcionada. Las solicitudes demuestran las maneras en cual revelaciones de leyes de libertad de información pueden informar mejor resultados de seguridad pública.