List Summary

   
Record Count: 30

Instituto de Enseñanza o Barra de Baile? El Uso de La Legislación Sobre La Libertad de Información en Argentina

El autor explica su prueba con someter una queja contra un bar ruidoso al otro lado de la calle de su residencia en Buenos Aires. Nada paso. Después, una investigación sobre la licencia de explotación del bar fue presentado abajo la ley del acceso a la información de 1998. La ciudad dijo que el bar era “un instituto de enseñanza, un instituto técnico [o] una academia.” Unos días después de la respuesta de la ciudad, se inició un incendio en otro club de baile, República Cromañón, matando 193 personas. Aprovechando la oportunidad para reforma, el compañero del autor escribió a Clarín. Su carta al editor destaca las implicaciones de seguridad pública de la corrupción y apoya los esfuerzos democráticos para involucrarse en regular la verificación de licencia. La atención mediática subsiguiente provocó la represión de los bares y las regulaciones por el gobierno de la ciudad, pero la historia es un testimonio como las leyes sobre la libertad de información puede ayudar el gobierno ser más efectivo a través de la participación ciudadana.

La Campaña de La Libertad de Información en Argentina

Este artículo se enfoca principalmente en la historia y el proceso de aprobar leyes nacionales. Sin embargo, algunas anécdotas sobre solicitudes de información y su importancia también están incluidas. La primera relata una situación en cual un hospital público cesó de entregar medicina a pacientes de trasplante por razones inexplicadas. Para averiguar, los pacientes usaron las leyes de la libertad de información de la ciudad para demandar un explicación del hospital. Varias solicitudes salieron con evidencia que el hospital tenía capital bajo, dando la información necesaria a los pacientes para obtener su medicina a medias del sistema jurídico. La segunda era una historia de la periodista Sandra Crucianelli, quien estaba involucrada en una solicitud de información en la ciudad de Bahía Blanca sobre la calidad de agua, usando la ley de libertad de información provincial de Buenos Aires (más suave que la de la ciudad). La solicitud fue rechazada como la información era considerada potencialmente perniciosas a empresas locales, que eran sospechadas de contaminar el agua. La tercera era a cerca uno de los grupos ecologistas principales en el país, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que representan un residente del capital preocupado de la construcción de una reserva de lluvia en su barrio. Abajo la ley 104, él mismo podría ver los reportajes sobre el impacto ambiental del proyecto del gobierno municipal, facultando a aprender sobre los impactos a su casa.

Pocos datos sobre Aerolíneas Argentinas

Una empresa estatal y un receptor de dinero estatal, Aerolíneas Argentina (AA) no ofrece un resumen sobre el equilibrio financiero en su sitio. Cuando Chequeado, un sitio argentino de comprobación de los hechos, hizo una solicitud por esa información, fue rechazado. La respuesta de AA era que aunque la información supuestamente era pública, no será publicada. Como resultado, todavía no sabemos donde va el dinero estatal de AA o cuanto es. Tal vez, las finanzas del año anterior, 2010, no están listas, pero los de 2009 también están inaccesibles. Aunque algunos citan la transición y el estado ambiguo de AA como una excusa, AA ha sido administrado por el estado desde 2008. Además, varias empresas en todo el mundo proporcionan esta información en sitios. Esta información es importante para ciudadanos que financian la empresa a medias sus impuestos. Entonces, ellos tienen el derecho a saber cómo el dinero está usado, especialmente en el caso de negocios subsidiados públicamente.

Las respuestas a los pedidos de acceso por la base china en Neuquén

En 2012, China firmó dos acuerdos de cooperación con Argentina – una con Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otra con la provincia de Neuquén – por la construcción de una estación espacial para “apoyar actividades tales como la exploración interplanetaria, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos.” El acuerdo estipula que el arrendamiento y el uso de China sobre esta estación espacial será por 50 año en cambio para el acceso limitado de CONAE. El Senado dio una aprobación preliminar al proyecto de ley que apoyó el proyecto espacial, que será finalizado en 2016. Chequeado pidió acceso a este acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Porque hay críticas y sospechas sobre la razón por la estación espacial, posiblemente en relación a uso militar, esta información se juzgó importante al interés público. En órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, CONAE respondió con publicar la copia del acuerdo, completa con con todas clausulas y todos anexos, aquí: http://www.scribd.com/doc/256407065/Acuerdo-Argentina-China. Según este documento, no hay cláusulas en relación a usos ambiguos de la estación.

Una empresa pública y Chevron: contrato secreto e investigación presidencial

La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la firma del Presidente Kirchner de un contrato entre YPF, la empresa argentina petrolera, y Chevron a causa de las preocupaciones sobre conflictos de interés y el abuso de poder. Chequeado hizo una solicitud para acceder la información sobre el contrato bajo el Decreto 1172/03. YPF respondió con negar el acceso porque era “una empresa pública” y que “sus valores están en el mercado de capital,” poniéndolo fuera de la jurisdicción del Decreto. Sin embargo, este pretexto ha sido puesta en cuestión dado que la ley se aplica a empresas privadas que reciben fondos públicos, como YPF.

¿Kirchner no tiene título de abogada?

Ha habido mucha confusión acerca de la licenciatura en derecho del Presidente y si ella lo tiene o no. Chequeado ha hecho una solicitud para recibir una copia abajo el Decreto 1172/03. El 5 de diciembre de 2014, Chequeado recibió una respuesta del Secretario General de la Presidencia fechada el 25 de noviembre declarando que una copia no puede ser otorgada porque contiene “información personal” (Ley 25.326). Esta misma ley fue citada por el Ministerio de Desarrollo Social al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre la información de beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, esa solicitud involucro información de ciudadanos privados, mientras la posición del Presidente no es cubierta por las mismas protecciones.

Solicitudes de información para las comunicaciones entre el gabinete y el departamento de seguridad nacional

El 20 de diciembre de 2013, Chequeado, con La Voz Interior de Córdoba, un periódico, hizo una solicitud de comunicación entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Seguridad Interior durante las protestas en la provincia el 3-4 de diciembre para confirmar si o no el gobierno provincial solicitaron ayuda del gobierno nacional. La Voz había solicitado previamente la misma información del Ministerio provincial de la Comunicación y El Desarrollo. Les mandaron a La Voz respuestas detallando los intentos de comunicación entre los oficiales durante las protestas, ayudando los periodistas descubrir como la Ley de Seguridad Interior 24.059 – la ley que permite tales solicitudes para ayuda – fue usada entre el caos.

Haciendo los sueldos del Presidente y los Ministros públicos en menos de 24 horas

Una ONG anónima pidió información sobre el Presidente y los sueldos de los funcionarios públicos. La Nación pidió una solicitud similar pidiendo solamente los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Ambas solicitudes fueron negadas a causa de la ley argentina sobre los datos sensibles (25.326). El 20 de febrero de 2014, La Nación publicó esta correspondencia, aumentando la presión al gobierno para liberar los datos. En consecuencia, el Secretario General del Presidente publicó una lista de los 20 sueldos más altos en el gobierno argentino. (http://blogs.lanacion.com.ar/projects/files/2014/04/PlanillaSueldos2012.jpg). El próximo día, esta información se conoció como la primera página, mostrando el poder de los medios para incoar el cambio socio y acción dentro el gobierno con las herramientas correctas.

Acceso al aborto legal y a la anticoncepción: pedido de informes al Ministro de Salud de Mendoza

Este artículo es sobre una solicitud reciente de información en nombre de varias organizaciones y Amnistía Internacional al Ministro de Salud en Mendoza. La solicitud pide el acceso a los datos sobre la contracepción, el aborto legal, y la salud total de las mujeres, los adolescentes, y los niños en toda la provincia. Las consultas sobre la salud fueron provocadas por César Mosso Gianini, asesor al gobierno de Mendoza, quien publicó unas opiniones sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad del aborto. El acceso a tal información puede ser útil en determinar si los funcionarios públicos están siguiendo la ley o están dejando sus opiniones personales influir sus acciones juradas.

Solicitudes de información de las provincias Argentinas sobre el aceso al aborto

Es un artículo y unos reportajes sobre las solicitudes de información de las provincias sobre el acceso al aborto. Muchas provincias no reciben alguna respuesta del Ministerio de Salud. En octubre de 2012 y febrero en 2013, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hizo solicitudes a las provincias sobre el Programa de Salud Sexual y Responsabilidad y no recibieron una respuesta. Para abril de 2013, solamente las provincias de Buenos Aires, Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, Santa Cruz, y CABA (9 en total) respondieron. Finalmente, ADC contacto los Programas de Salud Sexual en estas provincias a través de email y teléfono entre septiembre y octubre de 2013. Las cartas enviadas de ADC a las provincias en septiembre de 2013 también no fueron reconocidas. En septiembre de 2014, ADC hizo otras solicitudes al Ministerio de Salud Pública a cada provincia – otra vez en vano. En febrero de 2015, ADC le pidió a los ministerios mismos, que respondieron que ellos recibieron una notificación judicial el mes anterior que los proveedores de salud deberían evitar impedimentos legales para completar procedimientos de aborto sin demora. Nos datos fueron recibidos de las provincias numerosas, que es en mayor detalle en el reportaje – pero el medio de las agencias sobre datos abiertos es evidente.

¿Como el gobierno calcula el índice económico?

El 18 de julio de 2007, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le pidió información al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre su metodología y variables cuando calcularon el índice de precios al consumo. ADC otra vez preguntó sobre los medios legales en el 17 de agosto de 2007, después que INDEC no respondió inicialmente. Entonces INDEC respondió con información limitada, notablemente sin las variables y sin especificar los métodos. En octubre de 2008, una corte decidió a favor de ADC y pidió INDEC de proporcionar la información solicitada. Los datos fueron disponibles públicamente en el sitio de INDEC agosto de 2009. Esta decisión de la corte representa un reconocimiento importante del derecho constitucional de cada persona al acceso de información pública en poder del estado.

Los ONGs piden al congreso información sobre los empleados del gobierno, los presupuestos y las subvenciónes

En 2011, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo, y Poder Ciudadano demandaron información sobre los contratos de trabajo (a tiempo parcial o a tiempo completo), los gastos de la comunidad, y las becas y los subsidios dados los diputados del Congreso y el Senado. En agosto de 2014, ellos, con varias ONGs, otra vez demandaron esta información, indicando que la información no era disponible públicamente en sus sitios. En febrero de 2015, después de recibir ninguna respuesta, los ONGs iniciaron demandas contra el Congreso y el Senado. La Corte Administrativa dio la razón a ADC, ACIJ, Directorio Legislativo and Poder Ciudadano. El Senado tuvo 15 días para responder ahora. La otra información solicitada fue publicada en el sitio del Senado, indicando un triunfo grande para CSO que tratan de aumentar la participación pública.

La justicia obliga a la dirección de datos personales a dar información sobre su funcionamiento

En 2013, Manuel Garrido, un diputado argentino, pidió información de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) sobre el nombramiento del director del departamento, pero fue inicialmente negado porque se argumentó que los diputados renuncian sus derechos a tales solicitudes un vez en la oficina. La Corte Suprema dio la razón a Garrido, patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Esto solidificó el hecho que estar en ciertas posiciones de emplea no limita tu habilidad para hacer solicitaciones de información.

La corte bonaerense obliga a informar los días sin clases de alumnos secundarios

Como un resultado de los esfuerzos de Asociación por los Derechos Civiles (ADC) comenzados en 2007, la Corte Suprema ordenó que el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires publique la información sobre cuántos días no hay clases a causa de la ausencia de maestros, principalmente en 36 escuelas. El Director General tiene 15 días para responder. La solicitud es otro ejemplo como las leyes por la libertad de la información le dan herramientas a ciudadanos para evaluar como impuestos están usados, especialmente relacionado con el bienestar de ellos y sus hijos.

El derecho de acceso a la información en Argentina, un mapa

Aunque no es una solicitud de información, el sitio cita las leyes de libertad de información de Argentina a nivel nacional, provincial, y local. Lo siguiente sirve como un recurso útil para gente interesada en como leyes son diferentes en jurisdicción y pueden ayudar en la creación de leyes de gran alcance y nivel.

El Gobierno volvió a negarse a informar el dato oficial de pobreza

Este artículo se enfoca sobre el rechazo del gobierno argentino a proporcionar datos oficiales sobre tasas de pobreza. El último índice oficial de la pobreza fue publicada en 2013, pero fue discontinuada debido a los problemas sobre su metodología que determina los niveles de pobreza. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) declaró que hay casi 6000 maneras de calcular la pobreza, nada fue publicado sobre cómo esto puede ser hecho. Cuando Axel Kicillof, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en Argentina, se pidió porque los datos no fueron publicados, él no abordó el problema pero respondió evasivamente. Tal como, el silencio plantea preguntas sobre como ciudadanos pueden seguir participando en conciencia y acción sobre mejorar el nivel de vida para todos cuando la información sobre su método es ocultada del público.

Los planes sociales no deben ser un secreto

Este artículo se enfoca en situaciones en cual el gobierno negó solicitudes de información que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) pidió, principalmente pidiendo una lista de nombres y números de identificación de destinatarios de planes sociales porque hay una violación de privacidad. El artículo critica la transparencia de Argentina y el acceso a leyes de información, como medios legales y actuales en adquirir información son rechazados a menudo, resultando en respuestas incompletas que citan privacidad y “información personal” como excusas. Estas anécdotas son indicativas de leyes llenas de vacíos y crean impulsos alrededor aumentar el poder de la legislación de información pública.

Fragmentos de Luz: La Libertad de Información en Argentina

El 26 de marzo en 2014, la Corte Suprema decidió que el gobierno debe liberar la información relacionada con los programas administrados por el ministerio de desarrollo social, incluyendo las listas de beneficiarios. Las solicitudes por esta información han sido rechazadas porque tal información afecta grupos vulnerables. El centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un grupo argentino de estudios, tuvo su solicitud de 2007 rechazada. Cuando CIPPEC pidió información financiera similar de 14 empresas estatales, solamente tres mando más de medio de la información pedida. En una acción similar, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hizo 49 solicitudes a varios departamentos gubernamentales, cuales 47% fueron respondidas satisfactoriamente. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pretendió investigar el poder del decreto ejecutivo y presentó 44 solicitudes de información entre enero de 2012 y 2013: 14 no fueron respondidas, 14 fueron respondidas después de 10 días, y 16 fueron respondidas a tiempo. Sobre la calidad de las respuestas, solamente 12 fueron respondidas completamente y adecuadamente como es declarado en el decreto. Los reportajes sobre las respuestas insuficientes a las solicitudes de información son rampantes y quizás hacen el caso para consecuencias más fuerte en el caso de respuestas inferiores.

Los datos personales y los contratos de televisión: financiados con fondos públicos

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) demandó acceso a contratos con la productora “Pensado para Televisión.” En diciembre de 2012, una periodista Mariel Fitz Patrick le pregunto a la Jefatura de Gabinete de Ministros por una copia de los contratos de 2010, 2011, y 2012 entre la productora y Radio y Televisión Argentina SE, la empresa pública que administra los medios estatales y nacionales, y fue rechazada. La Jefatura respondió que ella tendrá que demostrar un interés legítimo para tener acceso. Además, el acceso a los contratos fue rechazado porque tenían “información sensible.” La situación es indicativa de los vacíos en el proceso de respuestas a solicitudes, alrededor la privacidad supuesta de cierta información incluso cuando involucra la financiación pública, y el interés en el resultado de la solicitud, que en muchos casos no se limitan al individual.

Pedido de información por la tragedia de ferrocarril en 2012

En agosto de 2012, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo una solicitud para acceder información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y del Secretario de Transportes para aprender más sobre las funciones y las responsabilidades de estas organizaciones, siguiendo el accidente ferroviario en Sarmiento el 22 de febrero de 2012. ADIF respondió a la solicitud de ACIJ diciendo que no tiene la jurisdicción sobre la línea ferroviaria en cuestión. CNRT respondió que la solicitud de ACIJ sobre las responsabilidades de transportación con un reporte detallando sanciones económicas y tarifas de CNRT a TBA, un concesionario relacionado con las líneas Sarmiento y Mitre. En respuesta a la pregunta de ACIJ, “CNRT tuvo cualquier reportaje sobre los riesgos de TBA y la manera que corría su servicio?”, CNRT declaró que la agencia se limitaba a inspecciones, reportajes, y multas, pero no mandó cualquier reportaje demostrando si este era el caso. Entonces, ACIJ mandó una solicitud nueva de información para verificar la respuesta que fue proporcionada. Las solicitudes demuestran las maneras en cual revelaciones de leyes de libertad de información pueden informar mejor resultados de seguridad pública.

¿Porque no existe un un registro de los regalos a los funcionarios públicos?

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidieron información de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre la regulaciones de regalos a funcionarios públicos. CIPCE y ACIJ preguntaron OA información sobre a) si o no un mecanismo de Registro de Regalos y Beneficios a Funcionarios Públicos ha sido implementada? b) si no, cuáles razones prohibieron la implementación? y c) desde cuando hasta que un mecanismo será implementada? OA respondió el 28 de noviembre y no dio razones específicas por la ausencia de un mecanismo y un calendario de proyecto. El director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA no respondió a la mayoría de preguntas de las ONGs. Específicamente, no hubo una respuesta porque el Artículo 18, en relación con ética pública, no esta aplicada a regalas. Artículo 18, la ley de ética pública, tiene 12 años y todavía no hay un Registro de Regalos y Beneficios.

El gobierno debe contestar los pedidos de información por orden de la justicia

En junio de 2012, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) pidió información del gobierno municipal de Buenos Aires sobre el gasto de propaganda pública en 2011, pero no recibió ninguna respuesta. ADC aboga por una ley con criterios claros, control, y transparencia sobre la publicidad oficial. Un caso judicial estaba fijada por el 22 de noviembre con ADC contra el gobierno de Buenos Aires donde ADC destacó la necesidad por una ley de libertad de información más fuerte.

El poder ejecutivo presenta problemas para las normas del aceso a la información

Este artículo incluye un resumen de solicitudes hechas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2012: 1) La primera series era acera el accidente ferroviario en febrero. ACIJ pidió información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Secretaría de Transportes, Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C., y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Metrovías no has respondido, ni la Secretaría de Transportes, a pesar de pedir una extensión de 10 días. 2) ACIJ pidió información sobre el vicepresidente y la gestión de la empresa Sudamericana, anteriormente Ciccone, y recibió una respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 3) ACIJ recibió ninguna respuesta del Ministerio del Interior y Transporte ni del Ministerio de Planificación Federal sobre las irregularidades en la administración y la supervisión del SUBE.

El aceso a la información: solicitudes sin repuestas

El equipo de datos de La Nación pidió por una copia física del sueldo presidencial el 7 de febrero de 2013. En enero de 2014, ellos pidieron por los sueldos de los oficiales primarios del Poder Ejecutivo; que debían ser proporcionados tras la solicitud. La copia física nunca fue realizada con éxito. En diciembre de 2012, el equipo pidió información sobre los viajes de Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio Interior de 2005 a 2013. La solicitud se dejó sola sin una respuesta por 762 días. En 2013, el equipo pidió información sobre una resolución relativa de la La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): número 1173/2012. El 6 de septiembre de 2013, Oscar Deina, el Director Ejecutivo de ACUMAR, dijo que la ley no fue regulada por la agencia. 293 días después, la agencia mandó el texto de la resolución. Enlaces y documentos a las solicitudes fueron disponibles en el artículo.

La brecha de implementación del aceso a la información en Argentina

Es un reportaje sobre las solicitudes de información pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) a 14 empresas estatales o empresas públicas (con 10% o más propiedad estatal) entre junio y julio de 2013. Ambos, estas 14 empresas representan 85% del presupuesto nacional asignado a empresas públicas. 9 empresas respondieron a las solicitudes y 5 no respondieron. 4 mandaron 10% o menos de la información pedida; 2 mandaron 25%; 3 mandaron ~65%. Las empresas que no respondieron adecuadamente porque “(i) la protección de secreto comercial; (ii) [estar] fuera del sector público nacional, entonces ellos no están afectados por el decreto 1172/2003; (iii) la información pedida exige el concepto de información en el decreto; (iv) la información es confidencial, […] (v) las balanzas comerciales de los últimos tres años no fueron aprobadas, entonces es imposible mandar información sobre los estados financieros.” Estas solicitudes cuestionan el problema de la privacidad como un vacío en leyes de información pública y subrayan la necesidad por una legislación más estricta.